La Municipalidad de San Pedro de la Paz abrió recientemente una licitación pública para servicios de publicidad y difusión institucional, con un presupuesto referencial de $50 millones de pesos.
Desde lo administrativo, el proceso puede ajustarse plenamente a la normativa vigente. Sin embargo, más allá de la legalidad, la licitación abre una discusión necesaria sobre el sentido de la comunicación pública y el vínculo entre los recursos municipales y el ecosistema local.
Las bases exigen altos niveles de alcance digital y cobertura regional, incluyendo millones de visualizaciones en redes sociales y plataformas digitales.
En la práctica, estas condiciones parecen orientar el proceso hacia grandes medios regionales, dejando escaso espacio para medios comunales o proyectos hiperlocales nacidos en San Pedro de la Paz.
Y ahí surge la pregunta de fondo: ¿qué tipo de comunicación pública queremos construir?
Porque comunicar no es solo alcanzar cifras. También implica fortalecer identidad, cercanía y comunidad. Un medio local pequeño muchas veces conoce los barrios, conversa con los vecinos y entiende las dinámicas de la comuna de una forma que difícilmente puede replicar una plataforma regional.
La discusión tampoco apunta a cuestionar la necesidad de difundir campañas municipales. Toda administración necesita informar. Pero resulta legítimo preguntarse si parte de estos recursos podría también fortalecer capacidades locales y apoyar medios comunales que intentan abrirse espacio en un escenario cada vez más concentrado.
San Pedro de la Paz ha crecido y hoy posee identidad propia. Por eso, la conversación ya no debiera centrarse únicamente en cuánto alcance tiene un medio, sino también en cuánto aporta al tejido social y comunicacional del territorio.
En este escenario, también surge una interrogante respecto del rol que deben cumplir las autoridades comunales y, particularmente, el Concejo Municipal. Más allá de la legalidad administrativa de una licitación, parte importante de la función pública consiste precisamente en debatir prioridades, observar el impacto territorial de las decisiones y representar las inquietudes de la comunidad frente al destino de los recursos municipales.
Porque la comunicación pública no solo informa. También define qué voces se fortalecen, qué territorios se priorizan y dónde finalmente terminan recursos que pertenecen a toda la comunidad.