Una serie de observaciones de alta gravedad detectó la Contraloría General de la República tras auditar el desarrollo del Censo 2024 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), proceso clave para la planificación de políticas públicas y la distribución de recursos en todo el país.
Según informó BioBioChile, el organismo fiscalizador constató la contratación de al menos 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Además, se detectó que 14 ciudadanos extranjeros fueron contratados pese a no contar con autorización vigente para trabajar en Chile.
La auditoría también reveló posibles conflictos de interés en una licitación cercana a los $1.700 millones relacionada con el proceso censal. De acuerdo con Contraloría, una exasesora del Censo participó en la evaluación de una licitación mientras mantenía vínculos con una empresa relacionada con la firma adjudicataria.
Otro de los hallazgos apunta a pagos por más de $166 millones a 581 supuestos censistas, sin que existan registros que acrediten las visitas que habrían realizado. Asimismo, el organismo detectó recursos destinados a servicios de transporte en jornadas donde no se efectuaron labores censales y contratos de arriendo cuestionados por falta de justificación administrativa.
Debido a la magnitud de las observaciones, la Contraloría ordenó la instrucción de procedimientos disciplinarios y remitió antecedentes al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales.
El Censo constituye una herramienta fundamental para determinar la realidad demográfica del país y orientar decisiones en áreas como salud, educación, vivienda y transporte. Por ello, los antecedentes dados a conocer generan preocupación respecto a los mecanismos de control y supervisión aplicados durante el desarrollo del proceso.
Fuente: BioBioChile, basado en informe de la Contraloría General de la República.